Carta de opinión de Iñaki Aldekoa
Publicado en Deia, Martes, 1 de Diciembre de 2015.
Iñaki Aldekoa es como juntero durante la legislación de 2007-2011 un testigo privilegiado de lo que pasó en la Comisión Cultura de Juntas Generales y en aquel gobierno de Álava
YO ACUSO
Se han cumplido siete años desde que la Orden
Foral (OF) 444/2008 del 19 de Noviembre dictada por la diputada de Euskara,
Cultura y Deportes L. López de Lacalle (LLL) “declarara” que los grafitos
excepcionales de Iruña-Veleia grabados sobre ostracas (cerámica), ladrillos,
huesos y vidrio y descubiertos entre 2005 y 2006 eran falsos y revocara la
concesión de excavación del yacimiento a la empresa Lurmen dirigida por el
arqueólogo Eliseo Gil Zubillaga. La citada OF se remitía en cuanto a la “falsedad”
a un Informe de la Comisión Científico Asesora (CCA), creada por la propia
Diputación Foral de Alava (DFA) a comienzos del 2008.
La misma diputada LLL el citado día 19 de
Noviembre presentó personalmente en sesión de la comisión de Cultura de las
JJGG de Álava las razones que justificaban la OF, acompañada de varios de los
miembros de la CCA, los cuales desarrollaron ante los junteros de la comisión y
ante la prensa convocada que abarrotaba la sala los “argumentos de falsedad”.
Desde aquella fecha la “verdad oficial” fue elevada a “verdad mediática” y hoy
es el día en que muy pocas personas de las que se interesaron por el asunto que
alberguen alguna duda de que tal “verdad mediática” no coincida con la “verdad
“científica”.
Por otra parte han transcurrido casi otros
siete años desde que la DFA a instancias de la citada diputada LLL interpusiera
ante el Juzgado de Guardia de Vitoria una denuncia contra Eliseo Gil ( y otras
dos personas mas) por “atentado contra el patrimonio histórico-arqueológico” de
Álava por la supuesta falsificación de los citados grafitos excepcionales.
La demanda fue admitida a trámite y
ampliamente publicitada en la mayoría de los medios de comunicación, reforzando
la “verdad de la falsificación”, en un claro caso de juicio y condena
mediáticos. Pocas personas saben hoy que la causa después de más de seis años
está “atascada” en el Juzgado de Instrucción nº 1 de Vitoria-Gasteiz sin que su
instrucción haya sido cumplimentada y trasladada aquella al juzgado
correspondiente para su vista y resolución, pero sin que tampoco se haya
archivado. Aún menos personas conocen que los grafitos objeto de la polémica y
de cuya inspección y análisis podrían deducirse pruebas objetivas dirimentes
sobre su veracidad o falsificación, permanecen en poder y bajo custodia de la
DFA por orden de la juez de instrucción, y sin que nadie que no sea la DFA
pueda acceder a los mismos, es decir la parte acusadora tiene bajo su custodia
las pruebas de la acusación.
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Sobre el fondo de la cuestión, es
decir sobre la autenticidad o no de los grafitos de Iruña-Veleia, tengo que
confesar que en aquellos años cambié de opinión en dos ocasiones, desde la
sorpresa inicial y la incredulidad inducida por las valoraciones críticas en
los medios de comunicación de varios lingüistas, pasé a una actitud más abierta
a causa de una conversación casual que tuve ocasión de mantener con Endrike
Knörr, antiguo compañero en un proyecto común, y en la que me manifestó su
opinión favorable a la veracidad de los grafitos y su importancia científica.
La competencia académica de Endrike Knörr así como su honestidad personal eran
para mí argumentos de peso.
Lamentablemente aquella fue la
última vez que vi a Knörr con vida, pues falleció meses después.
Mas tarde enfrentado a los testimonios y
afirmaciones categóricas de los “expertos" de la CCA de la DFA en la
sesión de la comisión de Cultura de las JJGG a la que yo asistía como juntero
que era, salí de dicha sesión con la duda de si Knörr no estaría equivocado y
de que estábamos ante una falsificación chapucera. Sin embargo fue pocos meses
después cuando conseguimos que la DFA nos entregara los informes parciales de
los expertos y los pude estudiar, que mi posición volvió a inclinarse hacia la
veracidad pero en este caso no por argumentos de autoridad de uno u otros sino por
mis propios análisis de las supuestas pruebas de falsedad, para acabar
concluyendo que en la sesión de la comisión de Cultura de las JJGG la diputada
LLL y los expertos que le acompañaban nos habían engañado como a chinos.
Descubrí que en la fecha de autos del 19 de
Noviembre no existía el supuesto Informe de la CCA y que por lo tanto el
fundamento de la OF era fraudulento; descubrí que a la citada fecha sólo constaba
un informe parcial (sectorial) de uno de los lingüistas de la CCA; descubrí que
los restantes informes parciales (sectoriales) de los otros miembros de la CCA
eran posteriores a la fecha de la OF; descubrí que ni siquiera “a posteriori”
existía un Informe de Conclusiones de dichos informes parciales firmado preceptivamente
por todos los miembros de la CCA y que el único “informe” que existía y con la
misma fecha de la OF era uno firmado por el Director del Patrimonio
Histórico-Cultural y Arqueológico de la DFA, es decir de un subordinado de la
diputada LLL y que ejercía de secretario de la CCA, informe particular que a su
vez remitía al Informe “inexistente” de la CCA; descubrí que los argumentos de
falsedad aducidos por los “expertos” eran en su mayoría valoraciones subjetivas
cuando no afirmaciones objetivamente erróneas; descubrí un rosario de
falsedades sobre la implicación científica de la UPV mediante un “Convenio” de
colaboración en la elaboración de un nuevo Plan Director de las excavaciones y
en el nombramiento de uno de los miembros de la CCA como nuevo Director del
yacimiento, en un claro caso de “pago por los servicios prestados”; descubrí, en
fin, actuaciones oscurantistas en relación al interés de determinadas
instancias del Vaticano sobre el tema.
A lo largo de los años siguientes he tenido la
oportunidad de estudiar decenas de informes de expertos de varias
nacionalidades, doctores, licenciados, técnicos científicos, especialistas en
arqueología, lingüística, epigrafía, latinistas, euskerólogos, paleopatólogos,
egiptólogos, geólogos... todos los cuales coinciden desde sus respectivos
campos en que no existe ni una sola prueba “objetiva” que avale la tesis de la
falsificación y que ponen en evidencia la inconsistencia cuando no la
frivolidad de los informes parciales de la mayoría de los “expertos” de la CCA
de la DFA.
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La OF 444/2008 fue un acto administrativo que
destruyó la honorabilidad y la credibilidad profesional de un científico
competente y honesto, y en mi opinión fue una gran injusticia. Pero la demanda
judicial de la DFA contra esa misma persona por atentar contra el patrimonio
histórico-arqueológico como responsable de la supuesta falsificación, admitida
a trámite pero no resuelta en ningún sentido durante MAS DE SEIS AÑOS por la
Justicia y por lo tanto sin que dicha persona haya podido defenderse ante un
tribunal, estando ya “mediáticamente condenado”, es objetivamente, mas allá de
toda opinión personal, una injusticia indecente. Una cosa es estar injustamente
condenado a muerte (en este caso profesional y moral) y otra tener sobre la
cabeza durante seis años una petición de pena de muerte sin posibilidad de
defenderse.
Yo acuso a las instituciones políticas, administrativas,
judiciales y académicas implicadas por acción u omisión en este caso, así como
a los medios de comunicación y agentes políticos cómplices cobardes, de que se
ha cometido y se sigue cometiendo una iniquidad contra Eliseo Gil Zubillaga y
sus compañeros de Lurmen.
Llegados a este punto, no queda sino “exigir”
al Juzgado de Instrucción nº 1 que finalice de una vez su labor y pase la causa
al juez correspondiente para su vista y para que los acusados puedan defenderse,
o bien en su caso que la demanda sea archivada y sean restituidos la fama y el
honor de las personas injustamente acusadas y mediáticamente condenadas en este
vergonzoso caso.
