Por Mapi Alonso. Doctora por la Universidad de Ginebra
y
Roslyn Frank. Profesora emérita de la Universidad de Iowa
y
Roslyn Frank. Profesora emérita de la Universidad de Iowa
Publicado el 19/11/2014 en el Diario de Noticias de Álava
19N,
2014. En este día se cumple el sexto aniversario de la Orden Foral
444/2008 firmada por Lorena Lopez de Lacalle, en aquel momento
Diputada de Euskera, Cultura y Deportes del la Diputación Alavesa, y
por el director del Departamento, Agustin Otsoa Eribeko. En esta
Orden Foral, en base a los “informes definitivos” y “análisis
sectoriales” de la Comisión Cientifico-Asesora, creada por la
Diputada con miembros de la UPV para el estudio de los grafitos
excepcionales encontrados en Veleia durante las campañas de 2005 y
2006, se concluyó que había “unanimidad científica“ a a hora
de juzgar que eran falsos, “falsificaciones contemporáneas” que
“no pueden ser consideradas nunca como auténticas”. Además el
proyecto arqueológico había sido “poco riguroso”, “mal
llevado” y “poco controlado” con “evidente perjuicio a la
ciencia de la arqueología, a los arqueólogos, ..... , y al
Yacimiento de Iruña Veleia”.
A
la vista de estas conclusiones, en la misma Orden Foral se revocó la
autorización a Lurmen SL para la realización de cualquier actividad
arqueológica en el Yacimiento de Iruña-Veleia; asumiendo el
Departamento, a partir de ese momento, el control directo del mismo y
anunciando medidas legales si hubiese lugar.
Y
la Diputación consideró que si las había y a finales de ese año
inició la fase judicial que dio origen, el 24 de marzo del 2009, a
la presentación en el juzgado de una querella penal contra Eliseo
Gil Zubillaga, como responsable del yacimiento, por un presunto
delito de ataque al patrimonio arqueológico alavés; el único
proceso judicial que permanece activo, en fase de instrucción, ya
que las que interpusieron los patrocinadores del proyecto que estaba
desarrollando Lurmen en Veleia fueron archivadas definitivamente hace
tiempo.
Cinco
años dura ya la fase de instrucción sin que todavía haya sido
cerrada, sin que todavía haya ningún cargo judicial contra Eliseo
Gil que, sin embargo, ha sido ya juzgado y condenado ante la opinión
pública sin saber todavía de qué, lo que le deja en la máxima
indefensión. Y que, a su vez, tiene otro efecto perverso, pues al
estar este material bajo custodia judicial se impide el estudio y el
debate científico en condiciones a todos aquellos que estamos
interesados en él.
Además,
después de todos los informes de la Comisión de Diputación, de las
pruebas caligráficas que ha habido por medio, de los análisis del
Instituto del Patrimonio Cultural Español, con los que las tesis
oficiales han intentado adornar la decisión de revocar el permiso de
excavación a Lurmen que tomaron por medio de esta Orden Foral, a
aquellos que seguimos sin encontrar motivos para dudar de la
autenticidad del material arqueológico en litigio, nos preocupa el
estado de conservación en el que se encuentra en este momento que
por decisión judicial, por incomprensible que resulte, está bajo
custodia de Diputación; es decir, la parte acusadora. No parece ésta
la situación más idónea para garantizar la conservación de un
material que si es falso, como la Diputación mantiene, no tiene
ningún valor mientras que si es autentico, como otros creemos, no
tiene precio.
